Una de las peores consecuencias de la recesión económica que estamos viviendo es la enorme cantidad de personas que se están quedando sin casa por no poder pagar las cuotas de sus hipotecas.
En este asunto se dan todos los ingredientes necesarios para dejarnos llevar por los sentimientos: personas sin recursos, niños que se quedan sin casa, ancianos y enfermos a los que se desaloja sin miramientos, gritos, lloros, suicidios ... tenemos un malo, la banca, tenemos a quien saca o intenta sacar provecho, los subasteros, y ahora además tenemos a los políticos poniendo parches a un drama que se les ha venido otra vez encima mientras ellos estaban a otras cosas.
Los hechos son los que son: cientos de miles de personas están viendo cómo se quedan sin "sus" casas. Vale, es así, pero que nadie se lleve las manos a la cabeza , ni se tire al monte con la escopeta cargada.
Para llegar al momento del desahucio, en España, se deben seguir unos trámites perfectamente definidos, claros. La deuda debe estar fijada y debe demostrarse su veracidad ante los juzgados, pues de otra manera no se iniciará la ejecución hipotecaria. Nadie que esté al día de sus pagos se va a quedar sin casa (cosa que sí ha pasado en otros lugares del mundo con otras legislaciones). Durante todo el proceso es posible ponerse al día de los atrasos y continuar con el pago normal de las cuotas. Desde que alguien deja de pagar las cuotas del préstamo, hasta que llega el momento del desalojo, pasan meses e incluso años; el que no ha pagado durante todos ese tiempo sus cuotas es plenamente consciente de que no tiene ningún derecho a permanecer en esa vivienda. Y eso no debe suponer ningún drama; hay muchas viviendas disponibles para que se pueda trasladar, pagando un alquiler.(salvo que lo que se esté pidiendo sea otra cosa...casas gratis para todos,etc.)
Por muy mala prensa que tengan, no se puede olvidar que el objetivo de los bancos al conceder préstamos es ganar dinero, no quedarse con la casa de nadie. Y si se analizan con frialdad los datos, se puede comprobar su predisposición a llegar a soluciones amistosas viendo la cifra de refinanciaciones y daciones en pago que han llevado a cabo durante estos últimos años.
Que hay margen de mejora es evidente.
En primer lugar, no es de recibo que tras un proceso de ejecución hipotecaria se pueda dar el caso de que el cliente sigue debiendo tal cantidad de dinero al banco que es improbable que jamás vuelva a poder contratar un préstamo, comprar nada a plazos...Que no sea de recibo no quiere decir que no sea legal, así que aquí tenemos un primer punto por el que políticos y juristas deberían empezar a trabajar.
Otro punto a considerar es qué hacer con las viviendas adjudicadas a las entidades que están siendo rescatadas con el dinero de todos. ¿Por qué no condicionar en parte estas ayudas a que pongan su stock de viviendas adjudicadas a disposición de esas familias en dificultades que se han quedado sin casa? Eso sí, pagando un alquiler , aunque sea moderado.
Se están escuchando argumentos que son de lo más peregrinos, y peligrosos. Obligar a los bancos a aceptar las daciones porque sí, sin más, es un error. Por un lado, no todo lo que se ejecuta son hipotecas sobre viviendas habituales de personas en dificultades económicas. En multitud de ocasiones se trata de segundas y terceras residencias. Lo que se está pidiendo fomenta el que no se pague ningún préstamo (imaginad que alguien compra un inmueble que se valora en 1000000 euros, que pasados 2 años pierde el 50% de su valor, y como ya no es una inversión rentable para él deja de pagar el préstamo y se exige a la entidad financiera que acepte la dación y cancele la deuda...es absurdo).
Aquí cada cual debe asumir su parte de culpa. Los bancos la suya por conceder préstamos a clientes que en el fondo sabían que no iban a poder pagar. A las tasadoras que valoraban las viviendas muy por encima de su valor real. A las administraciones públicas que tenían en la burbuja inmobiliaria una de sus mayores fuentes de financiación (legales e ilegales, vía impuestos unas y vía comisiones otras). Y los ciudadanos deben asumir también su porción de culpa, por embarcarse en inversiones que estaban totalmente fuera de su alcance, por pretender un nivel de vida que no podían mantener, por exigir durante años a las entidades bancarias que les concedieran créditos de cantidades desorbitadas...
Aprendamos de nuestros errores. De esta penosa situación debe salir una mejor regulación de la actividad bancaria y una nueva legislación civil.
